- Preocupación por el escaso número de prestaciones de desempleo por ERTE de fuerza mayor.
- Foment rechaza el alargamiento del pago a proveedores por parte de las administraciones públicas.
El trámite de estudio, valoración y validación para la concesión de créditos instrumentados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el aval del Estado, es excesivamente largo si se considera la situación excepcional y de falta de liquidez que sufren las empresas, como consecuencia del parón de la actividad, el consumo y la facturación. Foment del Treball pide a las autoridades económicas que dispongan de un sistema más ágil y adecuado y proporcione los medios humanos y materiales que precise el ICO para desarrollar su labor e implementar las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno. La situación empieza a ser agobiante financieramente para las empresas que solicitan estos créditos, aunque las entidades financieras han establecido créditos puente en muchos casos para acelerar el procedimiento.
Medidas excepcionales
El pasado 17 de marzo el Gobierno anunció la adopción de una medida excepcional mediante la concesión de avales del Estado, instrumentalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe global de 100.000, por las consecuencias económicas del Covid-19. Se otorgó un primer tramo de 20.000 millones en el Consejo de Ministros del 24 de marzo, 10.000 para grandes empresas, y 10.000 para pymes y autónomos. Dado el alto nivel de solicitudes (pues tenía efecto retroactivo a 17 de marzo) el Consejo de Ministros amplió a un segundo tramo de 20.000 millones de euros para pymes y autónomos exclusivamente, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de abril.
Foment del Treball ha insistido que ante el efecto draconiano de la paralización y prohibición de un nivel elevado de actividades económicas, justificadas por las razones sanitarias ya conocidas, la necesidad de planificar un amplio abanico de medidas orientadas a “parar el golpe inicial” mediante la canalización de instrumentos de liquidez, de forma importante, rápida, por no decir inmediata, y suficiente ante la caída de actividad del 8 % del PIB en el presente año, según la última estimación del FMI realizada esta semana. Es lo que hemos venido a llamar política económica de urgencia, haciendo un símil sanitario. En caso de que no se canalice el oxígeno suficiente al tejido productivo del país, este se verá más afectado y más difícil, en términos numéricos, será su recuperación.
Sin embargo, la realidad que nos encontramos es que las entidades financieras están movilizando sus equipos para poder evaluar y otorgar su visto bueno para el estudio y aprobación inicial de la operación de financiación empresarial en un contexto como fue el nivel elevado de confinamiento, -que coincidió con el permiso retribuido para una parte adicional del tejido productivo, que tensó aún más su tesorería-, que una vez ya preparada por la entidad financiera, paso al ICO con un primer control formal de documentación, al que sigue un control material –que puede extenderse hasta 20 días, aunque parece que no llegan a alcanzarse en términos medios- para pasar a realizar su aprobación definitiva, que es la que sirve ya de garantía para la entidad financiera.
Por ello, Foment del Treball pide a las autoridades económicas, que dispongan de un sistema más ágil y adecuado a esta situación excepcional, que requiere de medidas excepcionales, y que proporcione también los medios humanos y materiales que precise el ICO para desarrollar su vital labor en la gran medida excepcional anunciada por el presidente del Gobierno, como la medida histórica de la política económica española reciente.
Adicionalmente, Foment también quiere mostrar su preocupación por el escaso número de prestaciones de desempleo abonadas por la aplicación de los ERTE de fuerza mayor, en un porcentaje testimonial. En un contexto donde el ahorro familiar, en términos de la renta nacional bruta disponible, se encuentra en niveles mínimos, y que ha puesto en dificultades a los trabajadores de los mencionados ERTE, algunos de los cuales han solicitado anticipos a su empresa y, tras su concesión, en los casos que se ha producido, por responsabilidad social, han mermado su liquidez, a la vez que ha trasmitido la sensación de miedo y de retraimiento aumentada a la ya situación de confinamiento y de crisis sanitaria, que empieza afectar al consumo y la confianza de los consumidores para los meses venideros.
Finalmente, también Foment en esta línea de facilitar la liquidez en las empresas, quiere manifestar su absoluto rechazo al alargamiento de los plazos de pago a los proveedores por parte de las principales administraciones públicas, que ha supuesto una importante tensión de liquidez. En un contexto de mayores dificultades en el mercado, y con medidas que aunque adecuadas se están implementando a baja velocidad frente a lo que la situación requiere. En este sentido, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), y que por cierto, ha articulado un potente corredor sanitario con China, ha expuesto recientemente su preocupación por la ampliación que se venía produciendo en los últimos meses, y que se refleja en las estadísticas que elabora y publica durante más de 25 años del plazo medio de pago, así el saldo medio pendiente de cobro sobre facturación ha ido aumentando de forma significativa desde junio de 2019 que fue del 2,53%, hasta marzo de 2020 que fue ya del 91,02%, que se ha doblado y más con respecto a los últimos meses. No es momento de retrasar los pagos públicos, sino de adelantarlos.
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