La política fiscal define si un país quiere un sistema económico que haga posible avanzar hacia una sociedad más justa, más dinámica y más solidaria, generadora de riqueza y de puestos de trabajo. No es la mayor imposición fiscal, sino la estimulación del crecimiento la que nos asegura seguir progresando en la generación de bienestar y en la disminución de la desigualdad. La clave no está en pagar más, sino en generar más para incrementar el perímetro real de la recaudación.
Cataluña ha incrementado un 17 % su PIB en el periodo 2014-2018, gracias al carácter emprendedor de empresarios y ciudadanos que han apostado por la internacionalización y la innovación para afrontar la intensa crisis económica. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, la recaudación fiscal ha aumentado un 48 %, muy por encima del crecimiento económico. En un contexto de insuficiente financiación autonómica, la Generalitat de Cataluña ha subido los impuestos y ha creado nuevos tributos inexistentes en otras economías de similar dimensión. La recaudación del impuesto sobre el patrimonio ha crecido un 21 %, la del impuesto sobre sucesiones un 41 % y la del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) o actos jurídicos documentados hasta un 63 %. En definitiva, la fiscalidad de los catalanes es casi un 20 % superior a la del resto de los ciudadanos de España.
Además, el volumen de economía sumergida en España equivale al 25 % del PIB, lo que significa que regularizarla -al menos en 10 puntos- representaría un incremento de 40.000 millones
