Fomento del Trabajo ha advertido hoy que las modificaciones normativas y nuevas regulaciones impulsadas desde diferentes administraciones públicas como el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sobre el sector del inmobiliario y la construcción de viviendas amenazan la actividad del sector hasta llegar “a la parálisis” y con el riesgo de provocar una contracción de la oferta y el incremento de los precios:
- Es necesario restablecer la seguridad jurídica para generar la estabilidad y confianza necesarias para fomentar la inversión.
- La modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda (diciembre de 2018) y el Decreto-Ley de la Generalidad de Cataluña de contención de rentas (21 de mayo 2019) ponen en riesgo la actividad del sector y penalizan a las empresas con capacidad de aumentar la oferta de viviendas de alquiler.
- Los recursos destinados a la Vivienda y el Fomento de la Edificación por parte de la Administración General del Estado desde el 2007 hasta el 2018, se vieron reducidos en un 61,5% .
- El Gobierno debe aumentar la dotación económica para la promoción de la vivienda del 0,1 del PIB actual a, como mínimo, el 0,6 que había registrado antes de la crisis.
