- El presidente Josep Sánchez Llibre denuncia que “es el ataque más grande en democracia que se ha hecho a la propiedad privada” con el Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Urbanismo
- La patronal catalana considera intolerable la inseguridad jurídica como demuestra que en 15 años se han registrado 47 cambios normativos en materia de vivienda
Foment del Treball quiere mostrar su preocupación por la deriva de la política económica y fiscal del Gobierno de la Generalitat. Fruto de la aritmética parlamentaria el Ejecutivo del presidente Salvador Illa está marcando una agenda con un fuerte componente intervencionista y carente del más elemental ejercicio de diálogo con los sectores donde aplica sus medidas. Por este motivo, Foment constituirá e impulsará una comisión de trabajo con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Cataluña para proponer y valorar mejoras en las políticas económicas y fiscales del gobierno del presidente Illa. La patronal quiere incidir en el debate público como lo ha hecho siempre animando a que el Parlament encuentre fórmulas y sumas que establezcan herramientas que ayuden a la economía productiva del país y no la frenen o la reduzcan como hasta ahora. La patronal catalana quiere promover una reacción política e institucional para restablecer el respeto a derechos fundamentales como son los derechos a la propiedad y el derecho de empresa. En las próximas semanas se iniciarán estas reuniones e intercambios de propuestas. Sobre todo, en materias urgentes e importantes como son la fiscalidad y el acceso a la vivienda.
Dos ejemplos recientes de este tipo de asfixia premeditada sobre el empresario en Cataluña son: la duplicación de la tasa turística o la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP). Si se multiplica por dos el gravamen del ITP con tipos confiscatorios del 20%, se hace todavía más difícil la transmisión del bien y por tanto el acceso a la vivienda. Constituye de facto una pena económica encubierta a los propietarios que optan por no alquilar sus inmuebles, sino venderlos.
En general, Foment quiere manifestar que las medidas aprobadas mediante el Decreto Ley 2/2025 y las que se pretenden consolidar con el Acuerdo para el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Urbanismo representan, desde el punto de vista jurídico y económico, “el ataque más grande en democracia que se ha hecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa que se ha producido en España desde la restauración democrática”, según el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Lejos de corregir disfunciones del mercado, criminalizan la propiedad privada, bloquean la libertad de empresa y erosionan la seguridad jurídica. Más allá de ajustar la propiedad a su función social, la socializa. Mas allá de ser medidas contrarías en la Constitución y el ordenamiento jurídico, constituyen un grave error: son inútiles y empobrecedoras. Atentan contra la prosperidad. Es urgente una reacción política e institucional para restaurar el respeto por los derechos fundamentales.
Entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, que con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%. Si las administraciones realmente quisieran incidir en el precio de la vivienda solo haría falta que redujeran este porcentaje, aunque solo fuera una parte.
En 15 años, se han registrado 47 cambios normativos solo contando leyes, decretos leyes y real decretos leyes. Esta telaraña normativa asusta la inversión y la entrada de capital extranjero, además de paralizar proyectos de construcción de vivienda.
Más allá de la alteración del concepto de gran tenedor, el decreto viene repleto de medidas punitivas como la obligación de inscripción en un registro específico, cargas fiscales elevadas y restricciones de transmisión de los bienes. Es una definición que no responde a criterios de capacidad económica real, sino que sirve como herramienta de intervención política e ideológica.
Hay una violación flagrante del derecho de propiedad cuando se plantea la limitación del aprovechamiento económico: Los controles de alquiler impuestos en zonas tensionadas hacen imposible obtener una rentabilidad justa, y proporcional con el valor de la vivienda, por parte del propietario. Además, la nueva regulación del alquiler de temporada convierte automáticamente muchos contratos legítimos en viviendas permanentes, con la consecuente imposición de límites y obligaciones. Es más, la Administración además se quiere asegurar el derecho de tanteo y retracto universalizado y arbitrario, aplicable a cualquier transmisión en zonas tensionadas.
Ante la evidencia de que el control de alquileres no ha aumentado la oferta de vivienda, el Gobierno opta por no corregir la medida e incluso imponer obstáculos adicionales y exorbitantes a la venta de los inmuebles.
Todo ello, y sin entrar en más consideraciones, presenta tan solo una alternativa diabólica para los propietarios: mal alquilar o malvender. Y esto se debe a un populismo legislativo incompatible con la economía social de mercado. Con todo, Foment trabajará para conseguir desde el diálogo medidas y propuestas que corrigen esta grave situación.
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