- La patronal considera que se pone en peligro la continuidad de la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa si se mantiene esta presión fiscal
- El efecto de este gravamen en Cataluña tiene un impacto directo inmediato de cerca de 15.000 millones de euros para inversiones productivas y pérdida de valor
Foment del Treball pide al Gobierno central que reflexione y desista de la voluntad de prorrogar el impuesto a la banca que se estableció en el 2022 para gravar los supuestos beneficios extraordinarios de los bancos por la subida de tipos, en un momento en que se esperaban grandes necesidades debido a las crisis del Covid-19 y de la guerra en Ucrania. Desde entonces, la coyuntura económica ha variado, han subido los tipos y también los resultados bancarios, pero en realidad lo han hecho menos que en el resto de los sectores. Debe repensarse: no se pueden hacer ordinarias medidas extraordinarias. Por otro lado, y siguiendo los planteamientos y análisis del propio Gobierno central puede decirse que no ha habido crisis. El crecimiento económico se ha mantenido a niveles muy positivos: 2,7% en 2023, y para 2024 se espera un 2,8%, muy por encima de la media de la Eurozona. Es más, los tipos ya están descendiendo y el impuesto impactará negativamente en los resultados y en las inversiones.
Sin embargo, la aprobación de un impuesto permanente a la banca tiene en Cataluña un impacto directo inmediato de cerca de 15.000 millones de euros vía restricciones de crédito para inversiones productivas y pérdida de valor de las entidades financieras impactadas. La perpetuación del impuesto tendría un impacto negativo real en la concesión de crédito.
Esta cifra de 15.000 millones de euros viene de la estimación de que habría 9.500 millones de euros menos en crédito en Cataluña para financiar inversiones productivas. Esto significaría menos inversión, menos competitividad, menos crecimiento y menos creación de empleo para Cataluña, en un momento clave para el futuro y con enormes retos a abordar sin dilación, como apunta el informe Draghi y también el informe Letta, que apunta que la pérdida de unidad de mercado está cifrada en un 10% del PIB.
Por otra parte, como ha advertido el BCE, el establecimiento de un impuesto lastra a los bancos en Bolsa. El Instituto Español de Analistas calcula un efecto negativo en la valoración de los recursos propios entre el 13% y el 14%, pero podría llegar a un 22%. Esto implicaría una pérdida de valor para los accionistas de las entidades catalanas de 6.300-6.800 millones de euros, que podría alcanzar los 11.000 millones de euros en función de las características finales de los impuestos.
Foment del Treball pide al Gobierno central que dentro de esta reflexión evalúe a quien afecta la medida, básicamente accionistas y ahorradores, más que a las propias entidades. Pequeños ahorradores mayoritariamente que en términos reales pierden si invierten en acciones de una entidad bancaria y no en una empresa industrial o en acciones de bancos internacionales, por ejemplo.
Otro efecto derivado de mantener este impuesto, que se planteó como excepcional y temporal, es que pone en peligro la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa.
La patronal catalana añade que mantener ese gravamen desincentiva el crédito, que lleva quince años sin crecer en España. Hay que tener en cuenta que los grandes grupos bancarios españoles tienen actividades internacionales y el impuesto afectará a la competitividad de estos ante la competencia europea y americana.
Con este telón de fondo, como consecuencia, el crédito será más escaso para las empresas catalanas y españolas y provocará la deslocalización de actividades más globales del sector financiero, que actualmente aportan valor añadido, ingresos, inversión y puestos de trabajo cualificado.
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