La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y Foment del Treball, ante los recientes anuncios en materia de vivienda, quieren exponer las siguientes consideraciones:
El parque de viviendas públicas en España es de los menores de la UE, con solo un 2,5% de vivienda social, mientras la media europea se sitúa en un 9,3%. Para conseguir incrementar este parque hace falta que las administraciones destinen recursos suficientes como hacen otros países de nuestro entorno.
Los Fondos Europeos Next Generation han propiciado el anuncio ayer del presidente del Gobierno del Estado, de abrir una línea de financiación del ICO de 4.000 MEUR para la promoción de 43.000 nuevas viviendas en alquiler social y asequible, línea que, a priori, es bienvenida, a pesar de que habrá que conocer los detalles para poder hacer una valoración más cuidadosa.
La vivienda es un ámbito que siempre se usa como “caballo de batalla” en periodos electorales. Desgraciadamente, esta preocupación no se suele ver reflejada posteriormente en forma de importantes partidas presupuestarias. Hacen falta más recursos y que las administraciones dejen de traspasar su responsabilidad en materia de vivienda social al sector privado. En este sentido, hay que recordar -un golpe más- que ha sido el sector privado el que ha construido más del 80% de las viviendas de protección oficial en Cataluña en los últimos 10 años.
Acuerdo para la Ley Vivienda
Foment del Treball y el APCE consideramos que el documento que han consensuado con ERC y EH Bildu para aprobar la futura Ley miedo el Derecho a la Vivienda va en la línea contraria -como ya pasó con la normativa catalana- para conseguir ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta diversa que pueda dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Las tensiones en el mercado residencial en alquiler en España son atribuibles a la carencia de vivienda a disposición de la ciudadanía, por el que la solución no es la intervención de los precios del reducido parque existente, sino que pasa para incrementar la oferta. Las consecuencias no deseadas del control de rentas de alquiler son muy conocidas en todo los diferentes países donde se ha implantado: reducción en la oferta de vivienda de alquiler, disminución de la construcción futura o la peor calidad de los inmuebles, entre otros problemas.
Recientemente se publicó un informe sobre las primeras evidencias científicas obtenidas durante el periodo de vigencia de la ley catalana 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas a los contratos de arrendamiento de vivienda, elaborado por la Cátedra “Vivienda y Futuro” de la Universitat Pompeu Fabra y la APCE. Los resultados de este policy brief muestran una reducción de precios en el entorno del 5% – y decreciendo a lo largo del periodo-, mientras que las caídas en el ámbito de la oferta se sitúan alrededor del 15%. Además, el estudio destaca otros efectos negativos de la aplicación de la normativa, con cambios en la composición de las viviendas de alquiler, puesto que las viviendas que estaban por encima del precio de referencia pasaron a la compraventa, segmentando el mercado de manera aleatoria. Así mismo el precio del alquiler se ha encarecido en aquellas viviendas por debajo del precio de referencia y, en este sentido, también se observan incrementos de precios a las ventas de inmuebles en los segmentos regulados y no regulados después de la revocación de la ley 11/2020.
Hay que fomentar fórmulas realmente efectivas para incidir en el crecimiento del parque público de vivienda: promover la colaboración publicoprivada, la implementación de incentivos fiscales a los propietarios para que introduzcan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler, o la mejora de la seguridad jurídica del propietario ante impagos u ocupaciones, entre otros acciones.
Por otro lado, también hay que tener presente que el problema de acceso a la vivienda no es exclusivo del alquiler, sino también de la propiedad, señalando el acceso de los jóvenes al mercado de propiedad como otro de los principales retos del mercado de la vivienda. Por eso, es esencial facilitar la concesión de préstamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a aquellos jóvenes con buenas perspectivas al mercado laboral o bien la copropiedad sector público (20%) -joven (80%) de la vivienda, con lo cual se contribuiría a la descongestión de la demanda de viviendas de alquiler, especialmente en las grandes ciudades.
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