- Josep Sánchez Llibre carga contra la «voracidad fiscal» de los gobiernos y propone luchar contra la «carga fiscal excesiva» que sufren empresas y particulares
- La patronal catalana anuncia la creación de un grupo de expertos tributarios para poder tener respuestas a la problemática este octubre
Foment del Treball ha presentado dos propuestas relevantes para poner perspectiva a la situación de la fiscalidad de Cataluña y también de todo el Estado. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha avanzado que la patronal catalana presenta un dictamen sobre la inconstitucionalidad del impuesto sobre las grandes fortunas. El presidente de Fomento ha recordado que «esta es una consecuencia del paso que ya hicimos cuando vamos a impulsar un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto de patrimonio que ya presentamos justamente con la CEOE«. Sánchez Llibre ha expuesto que como en aquel impuesto en esta ocasión se ve vulnerada la autonomía de las comunidades autónomas, la seguridad jurídica de los contribuyentes y también la capacidad económica del mismo, aparte de considerar confiscatorio este impuesto. El dictamen se ha enviado hoy a CEOE, que hace dos semanas planteó un estudio también que iba en esa dirección. Para el presidente Sánchez Llibre «que haya dos dictámenes da más opciones a las instituciones que pueden presentar un recurso como son los grupos políticos, las Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo y los parlamentos autonómicos«.
Acompañado de la portavoz de Fomento, Virginia Guinda, que ha valorado la necesidad de una fiscalidad justa para mantener la competitividad, Sánchez Llibre ha subrayado que «Cataluña tiene una fiscalidad excesiva y no nos hace competitivos respecto a otras Comunidades Autónomas y también en relación a otras regiones europeas» y ha añadido que «no vivimos aislados”. El presidente de la patronal catalana ha expuesto que «queremos abrir un debate a la sociedad catalana para que todo el mundo pueda participar, es un tema de país, y crearemos un grupo de expertos tributarios para poder extraer conclusiones que ayuden a ver dónde estamos«. El planteamiento del presidente Sánchez Llibre es poder dar a conocer a los integrantes de este grupo el mes de octubre para poder tener un informe completo este mes de octubre.
«Hay que subrayar que hay voracidad fiscal aquí, sobre las empresas y sobre las personas, y hay que buscar complicidad con las administraciones» ha mantenido Sánchez Llibre. Por este motivo presidente de Fomento ha reiterado que «hay que hacer un debate con expertos, pero también con colegios profesionales, con personas de la magistratura y poder poner doctrina sobre la mesa e influir en los gobiernos para tener una fiscalidad que pueda generar riqueza y reforzar la cohesión social porque es preocupante cómo va creciendo la desigualdad social por la crisis de la Covid y de la guerra de Ucrania«.
El líder patronal ha señalado que «la Generalitat ha planteado 19 impuestos propios, 4 inconstitucionales, más uno en tramitación que es el de los cruceros. Madrid tiene cero, y la comunidad que tiene más, llega a seis«. Y no sólo eso, Sánchez Llibre ha alertado de que en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales en Cataluña se paga un 65% más que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
El abogado Manuel Silva, relator del informe sobre los motivos de inconstitucionalidad del impuesto sobre grandes fortunas ha apuntado que «el interés que tiene Fomento con este impuesto es porque queremos que se cumpla el principio de un sistema tributario justo, que en ningún caso puede ser confiscatorio«. El abogado Silva, consejero de la Presidencia, ha remarcado que «también parece que se suspende el federalismo tributario, un elemento competitivo, que permite ganar competitividad«.
El presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Fomento del Trabajo, Valentí Pich ha indicado que la presentación de este informe no responde a motivos políticos: «No es un tema ideológico, es una razón jurídica y de preocupación económica«. Pich ha insistido en que el impuesto tiene un problema en la manera en que se presentó, «saltándose los trámites» y siendo aprobado, con prisas. Además, ha apuntado errores de diseño, con «problemas internos graves» que discrimina a los no residentes respecto a los residentes, y que hay colectivos que tienen un trato diferente según las normas autonómicas que se usen.
Los cuatro motivos esgrimidos en el dictamen de Fomento son los siguientes.
- Vulneración del principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (artículo 156 CE)
- Vulneración de la reserva de Ley Orgánica del artículo 157.3 de la CE, y DEFRAUDACIÓN DE las normas constitucionales sobre iniciativa legislativa del Gobierno de los artículos 87 y 88 de la Constitución.
- Vulneración del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) por incurrir en una retroactividad en grado medio o impropia
- Vulneración del principio de capacidad económica y no confiscatoriedad
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