- Frente a las pocas rebajas fiscales, Hacienda muestra incrementos de recaudación importantes, del 15,1% en el ejercicio 2021 y del 21,4% en los primeros meses de 2022, en parte beneficiados por el alza de precios.
- La medida estrella de reducción de 15 céntimos con cargo al presupuesto, y 5 céntimos para los operadores, está cargando excesivamente la liquidez de las estaciones de servicio, poniéndolas en peligro, pues deben adelantar los recursos, y de forma todavía más significativa para las que son más pequeñas.
- Medidas insuficientes, ya sea de apoyo a sectores afectados, para destensionar significativamente los precios, con un uso excesivamente prudente de las reducciones fiscales, que difícilmente puedan frenar a tiempo esta fuerte elevación de precios. Se trata de reducirlos y también de hacerlo de forma rápida, de ahí que deberían incrementarse las dotaciones presupuestarias.
- Hay sectores que sufren de forma significativa la crisis y que no se mencionan en las medidas que se deben incorporar, como, por ejemplo, el sector textil.
- La liquidez, que se puede ver mejorada con la nueva línea de ICO con 10.000 millones, no es el ámbito prioritario, sino la fuerte elevación de costes, y especialmente de los energéticos.
- En un contexto de incertidumbre, el plazo temporal de las medidas es muy ajustado, y hay que dar previsibilidad más allá del 30 de junio, para que se adopten medidas que puedan mitigar la crisis, especialmente, para los sectores más afectados.
- Preocupa la limitación a la libertad de empresa, nuevamente reiterada con la limitación del despido y la fijación del límite de rentas al alquiler, que podrán limitar la respuesta a la crisis y, en algunos casos, agravar las medidas a tomar posteriormente.
- Foment pide que se prolongue el plazo de presentación de la liquidación del CO2 hasta el 30 de junio, y que se pueda compensar con las ayudas que puedan recibir los sectores afectados.
La Junta Directiva de Foment del Treball celebrada hoy, que ha debatido sobre las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de España como respuesta a la crisis por la invasión rusa de Ucrania, quiere mostrar su preocupación por la escasa dotación presupuestaria de las ayudas, y por la extensión temporal de estas, que presumiblemente deberían alargarse en el tiempo. Así, según la información publicada por el Gobierno, las ayudas directas a sectores se cifran en 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 M€ destinados al sector pesquero; 500 M€ para grandes consumidores de electricidad; 125 M€ para la industria gas-intensiva; y 450 M€ al transporte de carretera de mercancías y pasajeros, que resultan manifiestamente insuficientes ante la situación de grave dificultad que padecen los mismos, después de una gran crisis, como la asociada a la COVID-19.
Mientras el sector privado carga con fuertes incrementos de costes que dificultan su viabilidad en aquellos sectores energéticamente intensivos, tenemos en cambio un incremento significativo de la recaudación impositiva, según los datos que se anunciaron el pasado 31 de marzo, de un 15,1% en el ejercicio 2021 y un 21,4% para los dos primeros meses del 2022, que, en parte, proviene del aumento de precio. De ahí que haya sorprendido que no se hubieran tomado medidas fiscales importantes, como, entre otras, la actualización de las bases y limites fijos del IRPF.
Destaca, la reducción, con cargo al presupuesto de 15 céntimos por litro de carburante -que debe acompañarse de una reducción adicional de 5 céntimos por parte de los operadores- con carácter general, que se da de una forma compleja y que adicionalmente tensiona la tesorería de las estaciones de servicio, que permitirá en el mes de abril atenuar la presión de los precios, aunque debería de haberse acompañado también, con carácter temporal, de una reducción del tipo impositivo del IVA del 21 al 10%.
Esta medida estrella está cargando excesivamente la liquidez de las estaciones de servicio, especialmente para las más pequeñas, poniéndolas en peligro, pues deben adelantar los recursos de forma aún más significativa.
Se establecen para determinados sectores, y obviamente sin la exigencia de pérdida de facturación, 10.000 M€ de avales, que pueden ayudar a dotar de liquidez, aunque la situación, no es tanto por ella, como por los aumentos desproporcionados de los costes, esencialmente energéticos, que dificultan la viabilidad de la empresa. Sin lugar a dudas, supone una ayuda adicional, pero no se dirige a la causa esencial del motivo de la crisis, y de la correspondiente elevación de costes difícilmente digerible.
Hay sectores que sufren de forma significativa la crisis y que no se mencionan en las medidas que se deben incorporar, como, por ejemplo, el sector textil.
Foment pide que se prolongue el plazo de presentación de la liquidación del CO2 hasta el 30 de junio, y que se pueda compensar con las ayudas que puedan recibir los sectores afectados.
El impacto temporal de las medidas, en muchos casos hasta 30 de junio, es a muy corto plazo, por lo que sería conveniente estructurar una estrategia previsible de cómo actuar, si no se producen avances significativos en la reducción de precios, sin tener que esperar a los “minutos” finales y valorar la evolución de los sectores afectados en la medida que se vaya o no consolidando una mayor estabilidad de los precios en los próximos meses. Posiblemente estemos ante una dosis insuficiente de apoyo de la política fiscal a sectores afectados, lo cual tensiona los precios. Este hecho puede comportar aún más y durante más tiempo esta fuerte elevación de precios.
Por todo ello, Foment del Treball, participa de las medidas adoptadas, aunque son manifiestamente mejorables tanto en volumen de dotación como en su extensión temporal. Se hace preciso, incrementarlas, monitorizar su evolución y establecer una estrategia de actuación.
Foment ve con preocupación la limitación de fijación de la revisión de precios al alquiler, así como la prohibición de despido, en la que ya se expresó en el periodo de la crisis de la COVID-19, ya que la continuidad de las empresas pueda verse perjudicada con mayores costes por retrasar medidas que vienen justificadas, no por la voluntad de los empresarios, sino por la dificultad del entorno y la continuidad de la empresa.
Según la información disponible, de los 6.000 millones, una parte importante se destina al Plan Nacional de Ciberseguridad de 1.200 millones, 1.800 millones de euros a la rebaja de los cargos del sistema eléctrico, y únicamente 1.505 millones a ayudas directas a sectores afectados, y 1.423 millones para la bonificación de 15 céntimos a los carburantes (que se complementa con 5 céntimos mínimo por parte de los operadores).
Comments are closed.