- El esfuerzo policial no encuentra correspondencia en el sistema judicial, que no está a la altura de las circunstancias actuales.
- Los delitos graves han vuelto a incrementarse, los leves se enjuician con retraso a casi tres meses y los graves y menos graves a trece meses.
- Es necesario celebrar juicios inmediatos por delitos leves, como los hurtos de menos de 400 euros.
- Se reitera la petición de modificación del Código Penal para abordar el problema grave de la multirreincidencia. Ya hace tres años que se pide.
Foment del Treball, Cercle d’Economia, Cambra de Comerç de Barcelona, Turisme de Barcelona, Fundació Barcelona Comerç, Gremi Restauració, Gremi d’Hotels, Comertia, Barcelona Global, Barcelona Oberta, y Associació de Passeig de Gràcia manifiestan la necesidad de que se restablezca el segundo Juzgado de Guardia para celebrar juicios inmediatos por delitos leves, como son los hurtos de menos de 400 euros.
La ley prevé que estos tipos de juicios se celebren antes de los diez días posteriores a la comisión del delito. En el 2018 este plazo era de once meses pero, gracias al segundo juzgado que se creó en febrero de 2019 y a la disminución de delitos por la pandemia, a mediados del año pasado se logró prácticamente cumplir el plazo legal. Pero los delitos han vuelto a incrementarse y ahora se enjuician a casi tres meses, y el plazo va subiendo cada semana.
Además, este atraso también afecta a los juicios de los delitos más graves como los de los robos con violencia en la vía pública, que en estos momentos se están viendo en muchos Juzgados de Barcelona a trece meses cuando tendrían que ser juicios rápidos. Incluso, se celebran más tarde que los juicios ordinarios.
Las encuestas lo subrayan con claridad: la inseguridad es el principal problema de los barceloneses y Barcelona lidera en el Estado los delitos por habitante en ciudades de más de 20 mil habitantes. El esfuerzo policial de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona en el incrementado de las detenciones y el aumento de sus efectivos no encuentra correspondencia en el sistema judicial, que, por lo tanto, no está a la altura que corresponde para afrontar el problema de la inseguridad.
Hay que recordar la enorme importancia que tiene la seguridad ciudadana a fin de atraer en el centro de la ciudad a barceloneses y visitantes de toda Cataluña, de España y del mundo. Solo con una ciudad segura se pueden atraer visitantes de calidad que favorezcan el desarrollo del comercio, de la restauración y del resto de actividades económicas que representan las organizaciones firmantes. La inseguridad no solo tiene efectos negativos entre las personas que viven en Barcelona, sino que, además, afecta especialmente a todos los ciudadanos del área metropolitana y también de todo Cataluña que se desplazan a la capital por motivos diversos.
Por lo tanto, es imprescindible y urgente que las Administraciones y la Justicia adopten medidas rápidas para disminuir las graves consecuencias de la inseguridad. Es una cuestión capital para la actividad económica y para los ciudadanos de Barcelona y, de hecho, de todo Cataluña.
Por estos motivos, las organizaciones firmantes pidieron la restitución inmediata del segundo Juzgado de Guardia de la ciudad de Barcelona, petición que trasladaron a las autoridades competentes, entre ellas la Consellería de Justicia y el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay que encontrar una solución en esta situación que dificulta enormemente la lucha contra el delito y genera una situación grave de inseguridad.
A la vez, las organizaciones firmantes reiteran la petición de modificación del Código Penal para abordar el problema grave de la multirreincidencia, que comporta que algunas modalidades delictivas no sean sancionadas como tendría que ser. En particular, la multirreincidencia de delitos leves de hurto solo está sancionada con multas. La acumulación de hurtos tendría que recibir una respuesta proporcional al grave perjuicio provocado, lo cual hoy no sucede. Ya hace más de dos años que se reivindica esta modificación, esperando que el Ministerio de Justicia impulse una iniciativa en el Congreso de los Diputados.
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