- Trabajará sobre propuestas de reforma para agilizar los procedimientos administrativos de la Generalitat de Cataluña.
- Las propuestas de modificación de los procedimientos afectarán tanto a la Administración General del Estado como la normativa de la Generalitat de Cataluña.
El Comité Ejecutivo de Foment del Treball acordó ayer constituir un Grupo de Trabajo que, -coordinado por el despacho de abogados Roca Junyent e integrado por los bufetes Uría Menéndez, Cuatrecases, Garrigues, PwC y EY-, tiene la finalidad de elaborar propuestas de reforma para agilizar los procedimientos administrativos de la Generalitat de Cataluña a través de los que se instrumentalizará la asignación y aplicación de tales fondos, así como la propia actuación de la Administración. El Grupo de Trabajo quiere “ayudar a garantizar la más eficiente, rigurosa y ágil utilización de los fondos en beneficio de la economía catalana y de la ocupación».
Foment entiende que hace falta una aplicación eficiente, rigurosa y ágil del Fondo Europeo de Recuperación y de los del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y esto requerirá la modificación de procedimientos administrativos en varios ámbitos y de la propia actuación administrativa.
En algunos supuestos la modificación tendrá que afectar a la normativa básica estatal y a la actuación y gestión de los procedimientos por la Administración General del Estado. Sin embargo, en otros, la modificación afectará a la normativa de la Generalitat de Cataluña y a la actuación y gestión de esta en virtud de competencias exclusivas, compartidas o concurrentes.
La precisa actuación del sector empresarial, que tiene que presentar y ejecutar las propuestas, y de la administración pública, que tiene que supervisar y establecer los canales para la recepción de las ayudas, requiere un trabajo ingente de asesoramiento legal para superar los exigentes requerimientos de Bruselas y tener éxito en la adjudicación de las ayudas para los mejores proyectos transformadores de la economía. Del mismo modo es necesarios que los procedimientos públicos de las administraciones estatal y autonómica den agilidad a las propuestas, y que estas no queden atrapadas en en la fase de tramitación pública.
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