-
La inversión pública en Cataluña, inferior a la media española y europea, es insuficiente para las necesidades del país
-
Mientras los entes locales han incrementado un 6% en volumen licitador, tanto el Estado como la Generalitat la han reducido
-
La edificación privada ya ha comenzado una ligera recuperación
-
Las empresas licitadoras asumen riesgos más allá de lo deseable
-
Las previsiones apuntan a que 2017 todavía será un año de transición
En un acto informativo, esta mañana, el presidente de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Joaquim Llansó, ha hecho públicas las principales magnitudes del sector de la obra pública, los equipamientos y las infraestructuras en Cataluña, correspondientes al ejercicio 2016. el dato más relevante es aquella que refleja que en 2016 la licitación oficial de obras cayó un 2% en relación a 2015, alcanzando un volumen inversor de 1.130,5 millones de euros entre las tres administraciones (estatal, autonómica y entes locales ).
En este sentido, tanto la Administración General del Estado como la Generalitat de Catalunya presentan una contracción respectivamente del -11% y del -5%; en cambio, las licitaciones anunciadas por las administraciones locales han aumentado un 6% y son el nivel más dinámico (ver cuadro adjunto de licitación oficial de obras en Cataluña). En cuanto al volumen total licitador el Estado debe publicidad ofertas por un importe de 383,5 millones de euros (24% del total); la Generalitat, 297,5 millones de euros (26% del total) y los entes locales 549,5 millones de euros (49% del total). Esta bajada incide negativamente en las expectativas de recuperación y agrava el desequilibrio entre la oferta y la demanda, perjudicando tanto al propio sector como al conjunto de la sociedad.
La inversión pública en la Eurozona durante 2016 fue en promedio del 2,6% del PIB, mientras que en España se quedó en un 2,1%. A pesar de no disponer todavía de datos oficiales con respecto a Cataluña, el análisis de otros indicadores pone de relieve que la cifra es notablemente inferior al que le correspondería si tenemos en cuenta las carencias detectadas en infraestructuras fundamentales para la economía catalana, como el corredor mediterráneo, el servicio de cercanías de Renfe, los accesos viarios y ferroviarios a los puertos de Barcelona y Tarragona, la ampliación del metro o las obras hidráulicas, por poner algunos de los ejemplos más representativos de este déficit.
La edificación privada presenta cifras de ligera recuperación
Si el sector de la obra pública aún está lejos de emprender el camino de la recuperación, la edificación privada ya muestra unos primeros síntomas de recuperación, aunque con valores inferiores a la media histórica. Si bien el aumento del consumo del cemento (6%) y al producción de hormigón (6,5%) señalan un incremento respecto 2015, estos indicadores de consumo representan el 20% en relación a 2007. Asimismo, si tomamos como referente datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de afiliación a la Seguridad Social, podremos observar un repunte al alza en cuanto al empleo, con unos incrementos del 0,9% en la EPA ( 6.900 personas) y del 4,5% en el número de cotizando a la Seguridad Social (7.800 trabajadores). No obstante, estas cifras en verde las tenemos que contextualizar en el marco de una pérdida de 250.000 puestos de trabajo desde 2007.
Otro indicador adelantado de actividad, y que tendrá continuidad en 2017, es el crecimiento del número de viviendas iniciadas, que se ha incrementado en 2016 un 26% respecto al año anterior. Las perspectivas para el año en curso se mantienen al alza para la construcción privada, que aumentará gradualmente pero a partir de cifras absolutas muy modestas; mientras que se prevé una reducción o estancamiento de la obra pública debido a la baja licitación y ejecución presupuestaria. Según datos facilitados por Euroconstruct para España, se prevé que el volumen de construcción para edificación residencial aumente un 7,2%, la no residencial, un 3,9%, mientras que la obra civil disminuirá un 6%. En total durante 2017, la producción en construcción se incrementaría un 3,2%.
Más licitadores pero también más riesgos
Durante 2016 se experimentó un ligero incremento en el número de empresas concurrentes a las ofertas del sector público, sobre todo en las licitaciones publicadas por parte de la Generalitat de Catalunya a través de Infraestructuras. cat. Este pequeño aumento del número de licitadores se puede explicar por las expectativas de recuperación económica general, por la disminución de la licitación, para la mejora de los plazos de pago, o un acceso más fácil al crédito que en años anteriores. En 2011 se alcanzó el pico máximo de concurrencia en los concursos públicos, con una media de 29 empresas para licitación, hasta caer en el mínimo histórico de 2014 con 14 empresas, ya fuera por la progresiva desaparición del número de empresas, o por la renuncia voluntaria de las empresas que siguen en el mercado.
En paralelo a la disminución del número de empresas licitadoras, también se ha producido un incremento de las bajas asumidas por las empresas concurrentes en relación al presupuesto ofertado por las administraciones públicas. En 2016, la baja media de las ofertas respecto al precio inicial fijado por la administración correspondiente fue del 21,6% (en 2009 era del 15%), con un pico máximo del 26% en las obras licitadas por el Administración General del Estado y un 24% para las obras civiles. La necesidad de las empresas para alcanzar un volumen de negocio que les permita seguir siendo sostenibles las obliga a asumir más riesgos de lo razonable, teniendo en cuenta el coste real de la obra.
Perspectivas para 2017
Los límites en el déficit público que las autoridades europeas imponen en España -y la repercusión que éste hace sobre las comunidades autónomas y ayuntamientos, junto con el alto nivel de endeudamiento de las administraciones, la coyuntura económica de desaceleración del crecimiento y el contexto político, no invitan a ser optimistas en cuanto a las previsiones para 2017. las proyecciones no señalan ningún cambio de tendencia en las licitaciones por parte del Estado y de la Generalitat, si bien sí se puede producir un nuevo repunte al alza en la licitación municipal. Por lo tanto, para el del sector de la obra pública, los equipamientos y las infraestructuras en Cataluña, 2.017 será aún un año de transición hacia la recuperación de una actividad sostenible para las necesidades de la economía catalana y el bienestar de las personas.
Propuestas de la Cambra de Contractistes para la recuperación sectorial
El sector de la obra pública, como elemento clave dentro de la inversión pública en general, es uno de los que tienen mayor impacto sobre la economía y sobre la sociedad de un país. Consecuentemente, cualquier política económica orientada a crear escenarios que faciliten la salida de la crisis debe contemplar la inversión pública en infraestructuras y equipamientos como uno de sus pilares fundamentales. Es en este sentido, que la Cámara de Contratistas propone las siguientes acciones:
- Establecer una licitación de obra publica regular, estable y sostenida en el tiempo, indexada en relación a un porcentaje del PIB: 2,2%, aproximadamente 5.000 M € / año.
- Priorizar las infraestructuras en función de la demanda, mediante un análisis coste-beneficio, que tenga en cuenta su retorno económico, social y ambiental.
- Planificar las infraestructuras básicas a 10-15 años vista, con criterios técnicos, con independencia de los ciclos electorales.
- Simplificar y homogeneizar los procedimientos de contratación del sector público, a través de la unificación de criterios entre las diferentes administraciones.
- Establecer los mecanismos que permitan determinar efectivamente la propuesta más ventajosa, en relación calidad-precio, evitando así las ofertas por debajo de su coste.
La Cambra de Contractistes
La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya es una organización empresarial, que agrupa de manera voluntaria a las empresas constructoras con actividad en Cataluña y que habitualmente contratan con organismos públicos. La Cámara de Contratistas está integrada por 75 empresas de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas, generalistas y especializadas. Un 48% del total de los socios lo constituyen empresas pequeñas, un 36% son empresas medianas y un 16% son empresas grandes.
Estas empresas en 2015 se adjudicaron en volumen del 75% de las obras promovidas por el sector público en Cataluña. Por administraciones, el 91% del volumen de obra corresponde a la Administración Central, el 80% a la Generalidad de Cataluña y el 66% a los entes locales. Todo ello conlleva que las empresas asociadas representan, aproximadamente, la mitad del total de la construcción catalana. Este importante peso de la Cámara de Contratistas, en función de lo que aportan sus socios, la convierte en interlocutor privilegiado y portavoz autorizado en la defensa de los intereses colectivos del sector.
(* ) Puedes acceder al informe íntegro El sector de la construcció a Catalunya 2016. Previsions 2017
Comments are closed.